La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia sentenció al congresista del Centro Democrático a más de dos décadas de prisión y le impuso una multa de $22.340 millones por liderar una red de corrupción
La justicia determinó que el senador Ciro Alejandro Ramírez fue el cerebro de una organización criminal que manipuló de forma sistemática la contratación estatal para obtener beneficios económicos y réditos políticos. El fallo de 438 páginas detalla cómo el legislador utilizó su posición para direccionar recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) hacia la empresa Proyecta Quindío, convirtiendo el presupuesto público en una herramienta de su propia campaña electoral.
Este esquema, conocido como “Las Marionetas 2.0”, operó bajo la sombra del modelo delictivo creado originalmente por el fallecido senador Mario Castaño. Ramírez aprovechó su influencia para tejer una red que incluía funcionarios públicos, asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y contratistas privados, todos alineados bajo el propósito de capturar rentas del Estado mediante el Convenio Interadministrativo 670 de 2021, el cual sumaba millonarios recursos.
El origen del pacto criminal
La génesis de esta estructura delictiva se remonta a una reunión clave en el Club Manizales en julio de 2021. En dicho encuentro, se acordó que el senador serviría de enlace estratégico entre el DPS y la empresa territorial Proyecta Quindío para asegurar que los contratos de obra e interventoría fueran entregados a dedo a cambio de apoyos electorales en departamentos estratégicos como Caldas, Quindío y Santander.
Para la Corte, el papel de Ramírez fue determinante al ejercer un dominio material sobre el proceso de selección de contratistas, a pesar de no tener la competencia funcional para firmar los documentos. Su labor consistía en presionar la asignación de recursos y coordinar con figuras como Pierre García, entonces subdirector del DPS, para que la maquinaria de contratación funcionara en favor de sus aliados políticos y financieros.
Evidencias de un saqueo programado
La columna vertebral de la condena reposa en un robusto conjunto de pruebas técnicas que incluyen chats de WhatsApp y registros de visitas al DPS. En uno de los mensajes más comprometedores, se lee la instrucción de “decir mentiras” para salvar proyectos, mientras que otros diálogos confirman que la bolsa contractual era considerada un activo personal del senador para pagar favores en plena época electoral.
Además, los testimonios de excolaboradores como Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta, y Anderson González, contratista implicado, fueron fundamentales para reconstruir el esquema. Ambos declararon cómo se amañaban las licitaciones mediante invitaciones cerradas, asegurando que solo un oferente cumpliera los requisitos técnicos mientras los demás presentaban propuestas deficientes a propósito.
Reacciones en el espectro político
El presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse sobre la decisión judicial a través de su cuenta en X, arremetiendo contra el papel del senador en el legislativo. El mandatario escribió “Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones. Ahora se hace justicia. Corruptos votando contra el pueblo”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia, figura visible del partido y aspirante presidencial, expresó una postura de respeto institucional pero mantuvo la defensa de la presunción de inocencia. En su red social X publicó “Respetamos las decisiones de la justicia. Acompañaremos con todo empeño la lucha anticorrupción. Jamás seremos complacientes con la corrupción de nadie. Manos limpias siempre. Esperamos que en instancias superiores el senador Ciro Ramírez pueda demostrar su inocencia”.
La postura del condenado ante el fallo
Ciro Ramírez, desde su cuenta personal, ha mantenido una defensa férrea alegando que no existen pruebas de transferencias de dinero o interceptaciones directas que lo vinculen con el cohecho. Su defensa argumentó durante el juicio que su gestión fue meramente política y que las visitas a las entidades públicas no constituían un delito, calificando la sentencia como injusta.
En un mensaje directo tras conocerse la condena, Ramírez afirmó en X “Ratifico mi inocencia en este proceso, en las 438 páginas no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley. Interpondremos recurso de apelación y tenemos la esperanza que esta sentencia se pueda revocar en segunda instancia”. Para el senador, los testigos faltaron a la verdad para obtener beneficios jurídicos propios.
Consecuencias para el Centro Democrático
La condena no solo afecta la libertad de Ramírez, sino que representa un golpe contundente para el Centro Democrático, que pierde oficialmente una de sus 13 curules en el Senado bajo la figura de la “silla vacía”. Al tratarse de un delito relacionado con la corrupción y la pertenencia a grupos ilegales (concierto para delinquir), el partido no podrá reemplazar al senador, quedando con solo 12 escaños.
Finalmente, la Corte impuso una multa de 19.402 salarios mínimos, equivalentes a más de 22 mil millones de pesos, como medida reparatoria. Esta sanción económica, sumada a la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, cierra uno de los capítulos más oscuros de la contratación pública reciente, mientras el país observa el impacto que esto tendrá en la imagen de la oposición de cara a las próximas elecciones.
